Reclaman medidas contra los responsables de la represión en Andalgalá

Publicado: 25 febrero 2010 de Centro Independiente de Noticias en DD.HH./Violaciones, denuncias, latinoamerica, represión
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[Argentina / Primera Fuente]

A una semana de la brutal represión contra las familias que impedían el paso de vehículos de Agua Rica, hasta ahora no se aplicó sanción alguna contra los responsables de los hechos de violencia. El intendente de Andalgalá, cada vez más cuestionado. Continúa la suspensión de actividades ligadas al emprendimiento minero. Los vecinos ya adelantan la continuidad de la resistencia en defensa de los Nevados del Aconquija.

A una semana de la fuerte represión contra un grupo de vecinos en Andalgalá, hasta ahora todo quedó en la impunidad. Según se denunció desde la asamblea “El algarrobo”, persiste una “total ausencia de acciones concretas en contra de los responsables de la brutal represión” que sufrieron habitantes de esa localidad catamarqueña.

Los ambientalistas reclaman que se apliquen sanciones contra la fiscala Martha Nieva, que mandó desalojar a los vecinos y contra el juez de Garantías, Rodolfo Cecenarro. También se responsabilizó por los hechos de violencia a intendente local, José Eduardo Perea, al ministro de Seguridad de la Provincia, Luis Baracat. Además se culpó por los hechos al Jefe de la Policía provincial, Francisco Soria, al Grupo de Represión Kuntur y a la Jefatura de la Unidad Regional de Andalgalá.

Además, repudiaron la pasividad del sector político “que en ningún momento se pronunció en forma concreta haciendo uso de los instrumentos que les otorga la ley para solicitar el desafuero de los responsables de la brutal represión”.

“Esto habla a las claras de la total connivencia que existe entre los funcionarios y políticos de la provincia y de la Nación a favor de las empresas mineras extranjeras. Esperamos que no sólo sean separados de sus cargos los responsables, sino que el día de mañana, como pasó con los militares de la dictadura, pudieran estar tras las rejas, porque violaron derechos humanos constitucionalmente consagrados”, sostuvieron los asambleístas mediante un comunicado de prensa.

“Hoy a una semana de la declaración de guerra dictada contra el pueblo de Andalgalá, siguen en sus cargos como si nada hubiera pasado, sin tomar en cuenta que más de doscientos hermanos de fueron el blanco de escopetazos, balas de gomas, gases lacrimógenos, gas pimienta y cuanto otros malos tratos mas entre los que se encontraban mujeres y niños entre otros, sólo por defender la tierra en donde vivimos, por defender la fuente de vida que es el agua, en definitiva por defendernos a nosotros mismos del atropello más brutal y nunca visto en Andalgalá.

Los ambientalistas, llamaron a organizaciones sociales de todo el país a continuar resistiendo la lucha contra la megaminería química y radioactiva.

La represión se desató el 15 de febrero pasado contra un numeroso grupo de vecinos que, desde mediados de diciembre impedían, en la localidad de Chaquiago, el paso contra vehículos ligados al megaproyecto minero de Agua Rica, ubicado en el corazón de los Nevados del Aconquija.

Tras los incidentes, el juez de Minas, Guillermo Raúl Cerda, notificó a la empresa Agua Rica el “cese de actividades hasta nuevo aviso”, a fines de poner fin al conflicto social en la zona, el cual lejos estará de disiparse mientras este repudiado emprendimiento siga adelante.

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