Castigo a las víctimas, impunidad para los responsables: la justicia en México

Publicado: 10 marzo 2010 de Centro Independiente de Noticias en DD.HH./Violaciones, denuncias, México

[México / Sididh]

10 Marzo 2010

• Intervención del Centro Prodh ante el Comité de DH de la ONU

El sistema de justicia en México, en vez de enjuiciar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, con frecuencia castiga a las víctimas, mientras los responsables casi universalmente gozan de impunidad. Ofrece incentivos para el uso de la tortura para obtener confesiones; se presta a la manipulación como herramienta para criminalizar la protesta social; discrimina a los grupos vulnerables, como los miembros de las comunidades indígenas; y no respeta el principio de la presunción de inocencia.

Pese a la prohibición legal de la tortura referida por el Estado en sus respuestas a la lista de cuestiones elaborada por el Comité, en México se concede valor probatorio de manera rutinaria a confesiones rendidas ante autoridades distintas a la judicial, lo que incentiva el uso de la tortura por dichas autoridades y propicia la condena de personas cuya culpabilidad no haya sido demostrada. Es común que la carga de la prueba para demostrar que hubo tortura recae en la víctima, y existen certificados médicos y otras diligencias oficiales que asientan información incompleta o falsa al respecto. Si bien durante 2008 fue adoptada en México una reforma constitucional que podría contribuir a revertir las prácticas referidas, aún no entra en vigor. Por lo tanto, instamos al Comité a recomendar que el Estado implemente reformas inmediatas para impedir que se conceda valor probatorio a las declaraciones rendidas ante autoridades distintas a la judicial.

Las diversas fallas estructurales del sistema penal son sufridas con mayor intensidad por grupos vulnerables como los pueblos indígenas y los pobres. Ejemplo de ello es el caso de las mujeres indígenas Alberta Alcántara y Teresa González del estado de Querétaro, sentenciadas el mes pasado a 21 años de prisión por el supuesto secuestro de 6 agentes federales armados, un delito fabricado como represalia a la protesta que su comunidad realizó por los abusos cometidos por las autoridades. No se les garantizó el derecho a un intérprete. El juez, después de avalar las declaraciones contradictorias presentadas por los agentes federales, quienes fungían como supuestas víctimas, testigos e investigadores al mismo tiempo, resolvió que “Alberta y Teresa no han podido desvirtuar las acusaciones que pesaban en su contra”, es decir, presumió su culpabilidad. La única prueba en contra de las mujeres: una foto en donde aparecen junto con otras personas, ninguna de la cual está cometiendo acto ilícito alguno. El mensaje: basta con exigir pacíficamente un alto a los abusos de las autoridades, basta con ser una mujer indígena, para ser encarcelada por 21 años, siendo inocente. Invitamos al Comité a preguntar al Estado sobre este caso.

Mientras el sistema de justicia no duda en presumir la culpabilidad de los grupos vulnerables en casos como el descrito anteriormente, para los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura, hay impunidad. La impunidad no es una novedad en México. La Fiscalía Especial para los crímenes del Estado de la guerra sucia, o Femospp, inició más de 500 averiguaciones previas en sus 5 años de existencia, de las cuales no se ha derivado ninguna sanción penal. Las averiguaciones previas que quedaron bajo la responsabilidad de la Coordinación General de Investigación no han avanzado, ni tampoco se han otorgado reparaciones. La impunidad por los delitos del pasado se traduce en una cultura arraigada de impunidad hoy. De acuerdo con la información proporcionada por el Estado 80 personas compurgaron penas por tortura entre 1992 y 2006; si fuera precisa la cifra, quiere decir que, en promedio, el Estado sancionó la tortura en 0.2 casos por estado anualmente, siendo la tortura una práctica sistemática en el país. El Estado no señala ningún caso de sanción a la tortura en los últimos 3 años, ni siquiera en los casos más reconocidos y bien fundamentados. Tenemos el ejemplo de la tortura sexual de decenas de mujeres en San Salvador Atenco en 2006, documentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Suprema Corte; ninguno de los numerosos perpetradores ha sido sancionado. Pedimos al Comité que recomiende que el Estado sancione este y todo caso de tortura, y que restablezca una fiscalía para investigar los crímenes del Estado del pasado reciente, con el fin de revertir el patrón de abusos que se vive hoy en el país.

Sididh
http://centroprodh.org.mx/sididh2008/

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