“Bajo Uribe casi se han triplicado los asesinatos de civiles por fuerzas estatales”

Publicado: 11 marzo 2010 de Centro Independiente de Noticias en análisis, DD.HH./Violaciones, denuncias, latinoamerica
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[Colombia / Rebelión]

11-03-2010

Entrevista a Sandra Gamboa, abogada de derechos humanos
“Bajo Uribe casi se han triplicado los asesinatos de civiles por fuerzas estatales”

Adolfo Mena
Rebelión

Sandra Rocío Gamboa es abogada defensora de derechos humanos y forma parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, uno de los blancos recurrentes de las diatribas del presidente Uribe contra quienes defienden a las víctimas del terrorismo de Estado y lo denuncian. Actualmente, participa como abogada de las víctimas en el proceso que se sigue ante la Suprema Corte de Justicia contra el ex Director del Departamento Administrativo de Seguidad, organismo de “inteligencia” que en Colombia depende directamente de las órdenes del presidente de la República, y del que se ha descubierto que perseguía, amenazaba y facilitaba listas de víctimas a los grupos paramilitares, con quienes se están probando los nexos.

¿Podría explicarnos resumidamente qué es el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, donde usted ejerce como abogada?

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo es una organización no gubernamental colombiana que lleva ya treinta años dedicada a la defensa de los derechos humanos en Colombia. Tenemos una concepción de los derechos humanos como una integralidad. Eso ha implicado que en el derecho interno colombiano representemos a víctimas y defendamos a detenidos políticos y de conciencia, y emprendamos otro tipo de acciones en orden a asegurar la Verdad, la Justicia y la Reparación en diversas jurisdicciones del sistema judicial colombiano. Asimismo hacemos un litigio internacional ante el Sistema Interamericano y el de Naciones Unidas. Actualmente esperamos que la Corte Penal Internacional pose sus ojos prontamente sobre la realidad colombiana, e igualmente hacemos un trabajo en derechos económicos, sociales y culturales, así como tenemos un equipo de acciones constitucionales. Igualmente contamos con una oficina de prensa que reproduce las noticias del acontecer en materia de derechos humanos en Colombia y constituye un importante espacio de expresión de los movimientos sociales, sindicales, organizativos en Colombia.

Sobre el Colectivo de Abogados se han lanzado muchas calumnias desde el ámbito estatal y paraestatal colombiano. ¿Podría aclararnos cómo se financia el Colectivo y cuál es su ámbito de acción?

La Corporación Colectivo de Abogados se define desde el humanismo social. Ésa es, por decirlo de alguna forma, “la ideología política” del Colectivo de Abogados. Nosotros nos financiamos con proyectos que aseguran, primero, una independencia del Estado: cuando hay independencia tienes la posibilidad de decir lo que piensas y de ejercer una labor crítica y en defensa real de los derechos fundamentales.

La asistencia que prestamos a las víctimas es gratuita. Si hay algún ingreso por algunas acciones que ganamos, esto entra a aumentar nuevamente lo que es el fondo para defensa de las víctimas. No hay un enriquecimiento a título institucional o individual, sino una permanente ubicación de recursos para poder seguir atendiendo la situación de los derechos humanos en Colombia, que es grave. Cuando se es un abogado defensor de los derechos humanos, el pertenecer a una organización como ésta constituye no sólo un honor, sino un espacio donde precisamente el tema económico no sigue siendo el límite que normalmente es en la asistencia a las víctimas y a los perseguidos por razones políticas.

Un honor, pero también un riesgo. ¿Podría explicarnos qué supone para un abogado el estar vinculado a una organización como la Alvear Restrepo?

Realmente es una situación que se comparte, no sólo con los abogados del Colectivo, sino en general con todos quienes ejercen, de una forma u otra, la defensa de los derechos humanos en Colombia. Particularmente, se está en este momento procesando ante algunos estrados judiciales, entre ellos ante la Corte Suprema de Justicia, una persecución existente, organizada desde lo más encumbrado del Estado colombiano, contra organizaciones de derechos humanos, contra líderes sindicales y sociales. Son aproximadamente cuatro procesos, uno de ellos en la Corte Suprema de Justicia contra Jorge Noguera donde, entre otras muchas cosas, se determina su responsabilidad en el suministro de listados de sindicalistas, políticos de oposición, dirigentes sociales, etc. con destino al paramilitar Jorge 40, muchas personas de las cuales fueron efectivamente asesinadas. Actualmente, este caso se adelanta por tres de estos homicidios, y estamos ante la Corte surtiendo la etapa de juicio, esperando que finalmente la Corte tenga las condiciones para poder administrar justicia en un ambiente sensato, un ambiente de paz, lo cual por ahora es un poco imprevisible, en la medida en que se han denunciado intentos de asesinato de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como algunos testigos han denunciado que han sido de una forma u otra presionados en relación con los testimonios que han de vertirse.

La situación en las regiones de Colombia realmente es lamentable. Hay un número de abogados que son asesinados, pero últimamente y con mayor crudeza durante estos dos períodos presidenciales de Uribe, se han presentado lo que son las detenciones arbitrarias: hemos llegado al extremo de que un dirigente del Movimiento Nacional de Víctimas de Estado está soportando la criminalización de su accionar y está siendo acusado de ser un paramilitar de ultraderecha. Es una cosa absurda, y en este contexto también están las posibilidades de la desaparición forzada, de una ejecución extrajudicial, de una detención arbitraria…

Pero no nos vamos a callar. Nuestro compromiso con los derechos humanos sigue, a pesar de entender los alcances de una peligrosa comprensión de los derechos humanos por parte del Estado. Lo que se ha ventilado en estos procesos es que organismos estatales verificaban incluso los informes de derechos humanos que sacaban incluso organizaciones de derechos humanos como una práctica consuetudinaria, por considerar que podrían afectar la institucionalidad que ellos reflejan en una persona, que es Álvaro Uribe Vélez.

Sería conveniente que nos aclarara la dimensión del caso en el que usted actúa como abogada de las víctimas, porque muchas veces, se habla del “escándalo de las chuzadas del DAS” y mucha gente entiende que son escuchas ilegales, pero que “al fin y al cabo se hicieron para preservar la seguridad de todos los colombianos”. En este caso, ¿de qué estamos hablando exactamente, y por qué hay tanto miedo por parte del Estado colombiano de que se sepa la verdad?

Realmente, el caso de Noguera es sólo uno de los múltiples casos que evidencian la existencia de un aparato organizado de poder, de un aparato criminal, que emergía del Estado, que accionaba con funcionarios estatales, que tenía diversos ejecutores, y que, entre otras cosas, lo más mínimo que realizaban, que ya es de por sí muy grave, eran las escuchas, los seguimientos permanentes, las interceptaciones de todo tipo de comunicaciones de los miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, sus amigos, sus familiares, las víctimas y todas las personas con las que tenían alguna relación personal o laboral, sino que además, también se ha determinado el envío de sufragios, de coronas fúnebres, la redacción y la existencia de unos manuales de redacción de amenazas, amenazas que efectivamente fueron verificadas…. La historia de persecución que habíamos sufrido, los ataques, los hechos que habíamos venido denunciando con el hallazgo de unos archivos dentro de la misma sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) han tomado sentido y han explicado cómo en realidad no se trata de un tema de simples intervenciones telefónicas o de correos electrónicos, sino que en realidad nos encontramos frente a un crimen de lesa humanidad; un crimen de lesa humanidad de persecución que coincide además con un crimen de lesa humanidad de tortura, porque son niños, son mujeres que entregan su trabajo por la construcción de la paz en Colombia quienes han sido las víctimas predilectas de este aparato de poder criminal.

¿Cuál es la tesis sobre la que ustedes trabajan para demostrar la culpabilidad de Jorge Noguera en este caso, y del Estado colombiano? ¿Cómo se puede llegar a establecer ese vínculo entre los crímenes del paramilitarismo y el Estado colombiano?

Frente a eso hay dos cosas que hay que tener presentes. La primera, es que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) es un organismo estatal que depende de manera directa del presidente de la República. No existe ningún punto intermedio entre el presidente de la República y el Director del DAS. Estas actuaciones que se desarrollan tanto en el proceso que actualmente conoce la Corte Suprema, contra Jorge Aurelio Noguera, como las demás investigaciones, como las demás investigaciones que se desarrollan en diversas fiscalías, entre ellas, ante el Despacho del Fiscal General de la Nación, lo que evidencian es la creación y la implantación de una estructura. La jurisprudencia de Derecho Penal Internacional se ha ocupado en evidenciar cómo hay muchos aparatos que se organizan desde el mismo poder estatal para perseguir o exterminar a determinados grupos. A partir Welzel y de unas críticas que le hace Roxin a Welzel, se viene a configurar una observación dogmática denominada la autoría mediata. Esta autoría mediata ha sido discutida por las Salas de Cuestiones Preliminares 1 y 3 de la Corte Penal Internacional, y lo que se ha observado es la aplicación inicialmente por parte de las Salas de Cuestiones Preliminares, de lo que se llama la coautoría mediata en los aparatos organizados de poder, y ya con el caso Al Bashir tenemos el primer caso donde el Fiscal de la Corte Penal Internacional directamente imputa y solicita medidas a la Sala de Cuestiones Preliminares fundándose en esta teoría.

Nosotros en la observación del caso de Noguera Cotes en particular llegamos a la conclusión de que analizando el caso desde un codominio funcional, es decir, una lógica de coautoría dogmáticamente reconocida, podía concluirse su responsabilidad; pero también podría hacerse desde la empresa criminal común, o mediante la coautoría mediata. La cantidad de medios de prueba documentales, testimoniales y de toda índole que obran en contra de Noguera Cotes permiten determinar su responsabilidad de forma absolutamente concluyente.

En esta vía, y teniendo en cuenta que éste es sólo un pequeño asomo hacia la punta del iceberg, en este caso hemos venido fundamentándolo en la coautoría mediata porque a nuestro juicio revela de una forma más completa y adecuada cuál es la estructura criminal que subyace a la verificación de crímenes de lesa humanidad contra la población colombiana.

Asistimos en las últimas semanas a una serie de ataques por parte del mismo presidente Uribe hacia refugiados colombianos que están en el exterior haciendo una actividad de defensa de los derechos humanos en diferentes puntos de Europa, incluso con la afirmación de que “hay que acabarlos”. Aquí en España incluso la aparición de un auto que llega a acusar incluso al Gobierno de Venezuela de haber colaborado con las FARC y con ETA, pero sin que se sepa en qué pruebas se está basando, y arremetidas contra personas que trabajan en el acompañamiento a los derechos humanos en Colombia. ¿Estamos ante un mecanismo nuevo o en Colombia también es habitual que la Justicia se utilice para perseguir?

Lamentablemente uno de los mecanismos más utilizados contra la población civil colombiana ha sido los procesamientos y las detenciones arbitrarias, que han sido un lugar común. Hace unos años hubo un reconocimiento a nivel internacional del tema de estas detenciones masivas arbitrarias. La impresión que existe en muchos casos es que estas detenciones masivas arbitrarias se han finiquitado, pero lamentablemente esto no es así. En Colombia son perseguidas las personas por la región donde residen, por su pensamiento, por su ejercicio académico, etc. Actualmente están procesados el periodista William Parra, el profesor Miguel Ángel Beltrán… casualmente estas personas son acusadas por el mismo fiscal, en unos procesos que se han distinguido por la vulneracion del debido proceso, y en unas condiciones de tal magnitud, que consideramos que la independencia judicial puede estar seriamente afectada, en la medida en que si una decisión tomada por la Corte, necesariamente o con mucha frecuencia, es discutida en términos absolutamente hostiles desde el Ejecutivo, ¿qué puede esperar un juez de inferior rango que no tiene el nivel de protección que puede tener la Corte Suprema para administrar justicia? Nosotros tenemos muchos casos en las regiones donde los jueces no tienen siquiera un policía que esté a la entrada de su despacho, a pesar de llevar casos absolutamente graves.

El panorama no es el mejor. No obstante, los defensores de derechos humanos seguiremos aplicando y exigiendo el respeto a nuestros derechos fundamentales. Para dar un ejemplo, en el caso del periodista William Parra, después de que debimos presentar una acción de tutela que ganamos para que no nos escondieran el expediente y para poder tener acceso a que se definieran unas pruebas, yo fui conminada por el fiscal a comportarme “como una dama” -según sus palabras- “no como una simple abogada litigante”. El ejercicio es limitativo, hay vulneración del debido proceso, pero nosotros seguiremos en nuestra labor de denuncia y de exigencia de los derechos de nuestros defendidos y de las víctimas, y necesariamente se precisa rodear la administración de Justicia, con formación, con medidas de protección que permitan tomar las decisiones conforme a la ley y sin necesidad de ningún tipo de presión.

Ayer hubo una pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados español. Un diputado preguntó al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, por la situación de los derechos humanos en Colombia y las relaciones con este gobierno. La respuesta del ministro de Exteriores fue que el presidente Álvaro Uribe ha hecho mucho por la mejora de la situación de derechos humanos en Colombia y que se ha venido notando la mejora. ¿Cuál es la respuesta que desde los profesionales que trabajan día a día con las víctimas y que ven la realidad se le puede dar al canciller español?

Lo que yo puedo decir es que en Colombia tenemos un conflicto armado, tenemos una situación de vulneración absoluta de los derechos fundamentales que, lamentablemente, se ha agravado con la presencia de Álvaro Uribe Vélez en el poder. Tenemos unas cifras grandísimas de ejecuciones extrajudiciales, y observamos que la tasa de ejecuciones extrajudiciales donde incluimos a las personas civiles que han sido asesinadas directamente por fuerzas estatales, es una tasa que se ha más que duplicado y casi triplicado en los dos períodos de Uribe. Y comparando estos dos períodos, usted lo que observa es que se ha sostenido el incremento de ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Y no es una situación insular, en algún departamento, es una situación generalizada, además sistemática, que plantea una política. Ejecuciones que se incrementaron con posterioridad al año 2005, a través de un decreto, expedido desde el Ministerio de Defensa, estando como ministro de Defensa el actual candidato Santos, donde ponían precio por la cabeza de supuestos insurgentes que fueran asesinados.

Nosotros hacemos un llamado a los buenos oficios que puedan hacerse desde el exterior para contribuir a que en Colombia se reconozca que hay un conflicto armado, para que se pueda aplicar y respetar el Derecho Internacional Humanitario por todas las partes. La cooperación con Colombia debe ser una cooperación para la paz, y hago un llamado a la importancia de la solidaridad internacional, de la que depende la vida y la muerte de los defensores de derechos humanos en Colombia.

Rebelión
http://www.rebelion.org/

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