“Defender los derechos humanos en Colombia es una profesión de alto riesgo”

Publicado: 18 mayo 2010 de Centro Independiente de Noticias en DD.HH./Violaciones, General, latinoamerica
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[Colombia / Levante-EMV]

El abogado Jorge Molano afirma que está amenazado de muerte por denunciar casos “en los que están implicados generales del ejército y funcionarios del Gobierno”

AMAT SAPENA VALENCIA “En Colombia defender los derechos humanos en una profesión de riesgo”. Lo dice Jorge Molano, abogado que afirma que arriesga la vida y su patrimonio personal a diario por defender algo tan vital y sencillo pero que hacerlo le coloca en peligro de muerte. “Llevo escolta, mi coche está blindado, pero debo estar en Colombia para hacer mi trabajo. Está claro que la amenaza está relacionada con los casos que llevo en los que están implicados generales y coroneles del ejercito y altos funcionarios del Gobierno”, afirma Molano. Este incansable activista dice que busca “la defensa del derecho a la vida, de la dignidad y porque se acabe la impunidad. El 99% de los casos de violación de los más elementales derechos humanos quedan impunes, y eso siendo optimista”. Para Molano la raíz del conflicto que vive Colombia “es social. El 46% de la población es pobre, un 17% está en condiciones indignas, unos 4 millones de colombianos tienen desnutrición. Eso ha desencadenado un conflicto armado, una batalla entre el Gobierno y la guerrilla. La diferencia no se tolera por el régimen: profesores, magistrados, sindicalistas y políticos son sometidos a espionaje. En definitiva, los que escrutan la acción del gobierno están vigilados.

Los jueces son objeto de espionaje, el Gobierno ha infiltrado a personas en los tribunales para conocer las deliberaciones antes”.

Molano llega a la conclusión de que en Colombia se ha instaurado “una democradura. El régimen actual se presenta ante la comunidad internacional como una víctima de la guerrilla y el narcotráfico pero antes se ha vinculado con las mafias para obtener el poder”. Para este abogado, no hay más solución que “partir de plantear decisiones humanitarias, liberar secuestrados y avanzar en acuerdos entre la guerrilla y el Gobierno. Hay que poner fin a un conflicto que dura ya 40 años y que cada vez está degradando más al país. Pero también es necesario superar el conflicto social y político porque la sociedad necesita reformas estructurales”.

Pero parece una utopía poner de acuerdo a tantos actores en un escenario de violencia indiscriminada: el Gobierno, la guerrilla, los grupos paramilitares.  “Se ha tratado de hacer ver que hay muchas partes en este conflicto, pero sólo hay dos: Gobierno y guerrilla y el Gobierno se ha aprovechado del militarismo para hacer la guerra sucia y favorecer su imagen en el exterior. Los paramilitares están armados por el mismo estado. Cuando Uribe llegó al poder había 18.000 paramilitares, tres años después ya eran 31.000. Se ha creado una máquina de impunidad, de esos 31.000 paramilitares el Gobierno logró que 28.000 dejaran las armas y no se les juzgó. Del resto sólo tres acabaron ante un tribunal y ninguno fue condenado. Todo es una farsa, al final los paramilitares controlan el Congreso, o bien infiltrándose en las listas o obligando a votar en regiones del interior”, afirma Molano.

Los niños no se escapan del drama del enfrentamiento armado en Colombia. Entre 8.000 y 11.000 menores participan en las acciones de la guerrilla, siendo utilizados “para el uso de las armas o como informantes. Se les viste de militar y se les pone a trabajar al servicio de la guerra y eso significa que hay niños que mueren”, señala el abogado.

“España respalda a un Gobierno que ha quebrado el Estado de Derecho”

Para este activista de los Derechos Humanos en Colombia, gran parte de la culpa del paisaje descrito la tiene el presidente Álvaro Uribe. “Su política ha metido a la población civil dentro del conflicto. Se ha militarizado la vida social y política de Colombia, órganos de la justicia como la Fiscalía no son imparciales. Es el presidente que ha puesto organismos de la seguridad en funciones de policía política. Cuatro de cinco directores del Departamento Administrativo de Seguridad están vinculados al espionaje a magistrados, políticos… Lo más preocupante es que Uribe ha puesto el aparato del Estado para elegir a Juan Manuel Santos, candidato a sucederle. Recursos del Estado han sido utilizados para su campaña”, afirma el abogado colombiano.

Tampoco está satisfecho del papel que está jugando la comunidad internacional, sobre todo el de España y la Unión Europea. “Están respaldando a un Gobierno que ha quebrado el Estado de Derecho. Tanto la Unión Europea como el Gobierno de Rodríguez Zapatero están privilegiando los acuerdos económicos sobre los sociales a pesar de que es evidente la violación de derechos humanos en Colombia. Estamos ante una actitud hipócrita. Ningún gobierno de Europa ha pedido explicaciones sobre la Operación Europa, un plan para espionar a políticos y activistas de derechos humanos”, denuncia Jorge Molano.

a.s. valencia

Levante-EMV
http://www.levante-emv.com/

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