Liberación del dirigente mixteco, Álvaro Ramírez, evidencia una escalada de persecusiones contra la OFPM, en Ayutla

Publicado: 14 junio 2010 de Centro Independiente de Noticias en DD.HH./Violaciones, denuncias, México
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[México / CDH de la Montaña Tlachinollan]

La libertad del dirigente mixteco, Álvaro Ramírez evidencia la persecución que sigue enfrentando la OFPM

• El defensor de derechos humanos fue detenido por agentes de la PIM en domingo 6 de junio.

Se le intentó acusar del delito de homicidio y tentativa de homicidio en contra de un vecino de Ayutla y un cacique local.

El sábado salió libre por falta de elementos que evidenciaron la fabricación del expediente.

Chilpancingo,  Guerrero, México a 14 de junio de 2010- El encarcelamiento injusto por seis días de Álvaro Ramírez Concepción destacado miembro de la Dirección Colectiva de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) representa una nueva escalada represiva orquestada por el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo contra el pueblo mixteco organizado que pone en práctica y reivindicar la  protección y defensa de los derechos humanos.

Después de haber logrado su libertad por falta de elementos, queda plenamente demostrado que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), fabricó pruebas e integró un expediente contra los dirigentes de la OFPM, que trajo como consecuencia la detención injusta de Álvaro Ramírez Concepción y la persecución contra otros miembros de la misma organización entre ellos los hermanos de Manuel Ponce Rosas, Victoriano y Alicio Ponce Lola.

Álvaro Ramírez fue detenido el domingo 6 de junio, por agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) cuando transitaba por el zócalo de Ayutla, acompañado de su hija de 10 años de edad. Su aprehensión se dio por la orden de aprehensión que libró el juez Mixto de Primera Instancia radicado en esa ciudad, Alfredo Sánchez Sánchez, por el delito de homicidio y tentativa de homicidio en contra de Andrés Feliciano Modesta y Policarpio  Patriarca Agustín, ocurrido en noviembre del año pasado. No obstante este sábado 12 de junio Álvaro Ramírez salió libre por falta de pruebas.

La liberación de Álvaro Ramírez deja claro que aún cuando el papel del sistema de procuración de justicia es garantizar la convivencia pacífica y el Estado de derecho, hoy se empeña en encarcelar y perseguir a los integrantes de la OFPM que ha tenido la osadía de cuestionar al gobierno por la impunidad en que se mantienen los responsables de la masacre de El Charco ocurrida el 7 de junio de 1998, la excesiva militarización que sufren sus territorios, la ejecución extrajudicial de Raúl Lucas Lucía  y Manuel Ponce Rosas así como la pobreza y marginación que sufren históricamente.

Es evidente pues, que el gobierno federal y estatal se han confabulado para reprimir por medio de la militarización, la tortura,  ejecución,  encarcelamiento, persecución y apertura de procesos penales a los líderes de la OFPM. La masacre de El Charco, la militarización del territorio del pueblo Mixteco del municipio de Ayutla, la muerte Raúl y Manuel y el reciente encarcelamiento y persecución que sufre la nueva dirección colectiva de la OFPM son acciones del Estado que tienen el claro objetivo de minar y desarticular la organización mixteca.

Lamentablemente a la PGJE le ha tocado desempeñar el triste papel de fabricar las pruebas y construir los expedientes que sean necesarios para judicializar a los indígenas de Ayutla que se organizan y cuestionan al estado el incumplimiento de sus compromisos por hacer vigentes los derechos humanos.  Y ha sido omisa para actuar con la misma prontitud para investigar y dar con los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de Raúl y Manuel, así como la de Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés Fernández Ortega e integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa.

El sistema de justicia lejos de fungir con su papel de garantizar la convivencia pacífica y el Estado de derecho ha sido utilizada una vez más para acallar las voces y desarticular los esfuerzos de los mixtecos que pese a la muerte de sus principales dirigentes siguen organizándose.

El encarcelamiento y la posterior libertad de Álvaro Ramírez Concepción da cuenta de esta circunstancia. Evidenció claramente que la PGJE fabricó pruebas y construyó un expediente viciado e irregular para inculpar a los dirigentes y miembros de la OFPM.

A la fecha Jorge Luis García Catarino, Victoriano Ponce Lola y Alicio Ponce Lola tienen órdenes de aprehensión por el mismo delito y bajo el mismo expediente viciado e irregular, integrado contra Álvaro Ramírez Concepción y se les pretende encarcelar.

Pese a lo anterior la OFPM seguirá exigiendo justicia por sus compañeros ejecutados de manera extrajudicial, la desmilitarización de sus territorios, vivienda, salud educación y que se respete su derecho a organizarse pacífica y legalmente. Continuará el trabajo que dejaron Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.

Ante esta situación, exigimos:

Alto a la represión, encarcelamiento y persecución contra miembros de la OFPM.

Que la PGJE se desista de la acción penal iniciada contra los indígenas Jorge Luis García Catarino, Victoriano Ponce Lola y Alicio Ponce Lola a fin de que no sean encarcelados injustamente.

Que se desmilitarice el territorio de los indígenas mixtecos de Ayutla, de conformidad con lo que señala la Declaración sobre Pueblos Indígenas de la Organización de la Naciones Unidas.

Que se respete el derecho de la OFPM a seguir organizándose para luchar por la vigencia y respeto de sus derechos humanos.

Que cese la represión, persecución y encarcelamiento de los defensores de derechos humanos en Guerrero y el país.

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