Sedena y PGR obligadas a acatar la recomendación de la CNDH sobre el caso de los menores Brayan y Martín Almanza

Publicado: 20 junio 2010 de Centro Independiente de Noticias en DD.HH./Violaciones, denuncias, México, Violaciones a DDHH/militares

[México / Sididh]

• La versión de la Sedena no tiene sustento ni apego a las evidencias.

•En los hechos del 3 de abril hubo violaciones a diversos derechos humanos atribuibles al personal de la Sedena en agravio de Brayan, Martín y once personas más.

• El Estado mexicano debe establecer las medidas necesarias para evitar represalias o actos de intimidación en contra de los familiares sobrevivientes y del personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

El día de hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 36/2010 relacionada con los hechos ocurridos el 3 de abril de 2010 en Ciudad Mier, Tamaulipas. En la tarde de ese día trece personas fueron agredidas por miembros del Ejército con disparos de armas de fuego y granadas de fragmentación. Como consecuencia de estos hechos los menores Brayan y Martín Almanza Salazar perdieron la vida. La Comisión Nacional indica que en los días posteriores a los hechos elementos del Ejército intimidaron a los sobrevivientes e incluso a quienes han apoyado a las víctimas.

Los hechos han sido investigados principalmente por la Procuraduría General de la República. También en el fuero militar se inició una averiguación previa que aún se encuentra en integración, aunque no se ha iniciado ningún procedimiento administrativo debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) argumenta que los militares no cometieron violaciones a los derechos humanos de las víctimas; el personal militar -indica en un oficio la Sedena- repelió una “agresión real, inminente y violenta, actuando en legítima defensa […] protegiendo los intereses de la sociedad, al enfrentar a miembros de la delincuencia organizada”. Esta versión fue hecha pública por el titular de la Procuraduría General de Justicia Militar el 30 de abril de 2010.

Después de constatar que durante la investigación del caso hubo obstáculos y falta de colaboración por parte de la Sedena, lo que constituye una muestra de desinterés en lo que concierne a la vigencia de los derechos humanos -intolerable en el marco del Estado de derecho-, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que hubo violaciones a diversos derechos humanos (entre ellos, a la vida, a la integridad y seguridad personal, al trato digno, al acceso a la justicia, a la legalidad y a la seguridad jurídica y al derecho de los menores a que se proteja su integridad) atribuibles al personal de la Sedena en agravio de los menores Brayan y Martín Almanza Salazar y once personas más.

Del análisis de las evidencias la CNDH concluye que la versión de la Sedena no tiene sustento ni apego a las evidencias. En su valoración ha sido claro el señalamiento en el sentido de que las declaraciones de las víctimas sobrevivientes y personas que participaron en hechos posteriores son  consistentes. Constata también la CNDH que la escena del crimen fue alterada por personal de las fuerzas armadas para representar la existencia de un enfrentamiento y presentar la muerte de los menores como producto del fuego cruzado debido al enfrentamiento entre militares y miembros de la delincuencia organizada. Por ello se reafirma la versión de las víctimas en el sentido de haber sido objeto de una agresión directa por parte de elementos del ejército, esto a pesar de que al darse cuenta de la presencia de los militares disminuyeron la velocidad y bajaron los cristales del auto en que viajaban, y de que uno de ellos les indicó con una señal que podían continuar el trayecto, para inmediatamente comenzar a ser agredidos por los disparos.

A partir de esta recomendación emitida por la CNDH, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro constatamos que la injerencia militar en las funciones de seguridad pública no es compatible con el respeto a los derechos humanos. Sobre todo cuando el Estado mexicano ha sido incapaz de establecer controles civiles efectivos sobre las fuerzas armadas. Ejemplo de esto es la reticencia gubernamental a poner límites al fuero militar.

Exigimos que la Sedena y la Procuraduría General de la República cumplan con las recomendaciones formuladas por la CNDH. Al mismo tiempo demandamos que el Estado mexicano dé muestra fehaciente de su compromiso con los derechos humanos estableciendo con determinación los límites del fuero militar y otorgando las medidas necesarias para evitar represalias o actos de intimidación en contra de los familiares sobrevivientes y del personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Sedena y CNDH se confrontan

A  2 días de presentada la investigación de la CNDH, el ejército advirtió fallas; señaló que se desestimaron las pruebas que confirman que los niños murieron en fuego cruzado entre sicarios y militares, a lo que la CNDH respondió que las omisiones se deben a la renuencia de la Sedena a facilitar información, y los fallos tienen que ver con falta de colaboración de dicha secretaría. El segundo visitador del organismo autónomo, Paredes Montiel, hizo una recapitulación al respecto y señala que la alteración de los hechos y las evidencias presentadas por personal castrense cuenta con acreditación, por lo que corresponde investigar  a las autoridades para dar a conocer las circunstancias de tal manipulación.

Sididh
http://centroprodh.org.mx/sididh2008/

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