Familiares de las víctimas, normalistas y organismos de derechos humanos anuncian acciones para impedir impunidad en el caso Ayotzinapa

Publicado: 31 julio 2012 de Centro Independiente de Noticias en anuncio, DD.HH./Violaciones, denuncias, México, violaciones a DDHH/policía
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[México CDH de la Montaña Tlachinollan]

COMUNICADO DE PRENSA

Chilpancingo, Guerrero a 31 de julio de 2012.

Familiares de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, quienes fueron ejecutados extrajudicialmente el 12 de diciembre de 2011, el Comité Estudiantil de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, anunciaron el inicio de varias acciones para impedir que queden en la impunidad las ejecuciones extrajudiciales de Jorge y Gabriel así como el resto de las graves violaciones a derechos humanos cometidas el 12 de diciembre del 2011, en Chilpancingo, Guerrero.

Primeramente dieron a conocer que promoverán el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado, que ordena al Juez Penal de Primera Instancia dictar un nuevo auto, en el caso de los dos policías ministeriales acusados de las ejecuciones de los dos estudiantes, en el que determine la situación jurídica de los acusados respecto de su liberación o su sujeción a proceso. Asimismo, señalaron que en breve continuarán con diversas acciones para reiterar un llamado a la Comisión Civil de Interlocución, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al Congreso Federal, al Congreso del Estado de Guerrero y autoridades del Poder Judicial en respuesta a  la posible consolidación de la impunidad y de la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos.

Respecto al recurso de revisión, familiares, normalistas y organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos coincidieron en señalar que en el expediente de la causa penal existen elementos suficientes para que los servidores públicos permanezcan sujetos a proceso y enfrenten la acusación, aun cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no llevó a cabo una investigación diligente de los hechos. Lo anterior en virtud de que existen otros indicios sobre la responsabilidad de los Policías Ministeriales en lo ocurrido, como son los resultados de la Recomendación 1VG/2012 emitida por la CNDH. En este marco, hicieron un llamado particular al Ombudsman Nacional para que se sume a su demanda de justicia, conforme a las conclusiones de su propia investigación especial, dé un seguimiento puntual y activo a sus recomendaciones y coadyuve al juzgamiento de los responsables.

Ante los medios de comunicación familiares, normalistas y organizaciones lamentaron que la PGJE se muestre más interesada en defender a sus funcionarios que en afianzar las investigaciones que la propia institución realizó para ejercitar acción penal contra los servidores públicos que han sido señalados como responsables y para identificar a quienes cometieron las graves violaciones de derechos humanos identificadas en la Recomendación 1VG/2012.

Asimismo, ante los tendenciosos señalamientos que han aparecido en diversos medios de comunicación, destacaron que demandar el juzgamiento de los Policías Ministeriales hoy procesados no implica descartar ni mucho menos encubrir las responsabilidades de otras corporaciones, pues en todo momento las víctimas han hecho un llamado para que se investigue y castigue conforme a la Ley a todas las autoridades que estuvieron involucradas en los hechos del 12 de Diciembre, incluyendo,  los elementos federales, quienes iniciaron las agresiones, cuestión de la que dieron testimonio los propios normalistas ante la CNDH y que permitió al Ombudsman Nacional fincar responsabilidades contra la fuerza encabezada por el Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

Una vez más, señalaron  que de consolidarse la impunidad quedaría comprobado que con la investigación realizada, el personal de la PGJE  habría buscado deliberadamente llevar el proceso a este punto, en el que la Justicia Federal ya constató la deficiente actuación de las autoridades guerrerenses, a efecto de consolidar la impunidad. Desde esa óptica mencionaron que de prevalecer impunes las graves violaciones de derechos humanos cometidas el pasado 12 de diciembre, se evidenciará que el gobierno encabezado por Ángel Aguirre Rivero sólo reaccionó coyunturalmente ante los hechos, sin emprender un genuino esfuerzo en identificar y sancionar a los responsables, adoptar medidas de no repetición, y sobre todo, de limpiar la Procuraduría General de Justicia del Estado de quienes han usado su investidura de servidores públicos para violar derechos y cometer delitos.

Tlachinollan-Centro de Derechos Humanos de la Montaña
www.tlachinollan.org

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