Desaparición forzada: cuando el pasado nos alcance

Publicado: 29 agosto 2012 de Centro Independiente de Noticias en análisis, DD.HH./Violaciones, denuncias, guerra sucia, México
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[México / Sididh]

Como explicábamos ayer en este espacio, la definición clásica –y vigente a nivel internacional– de la desaparición forzada fue acuñada a partir de la dura confrontación entre los estados nacionales y sectores críticos de la sociedad que extremaron sus posiciones ante la ausencia de canales legales para su reivindicación de derechos. En este contexto, lo que le confiere rango de violación de derechos humanos a esta grave práctica social, es la participación directa ya sea de perpetradores que forman parte del Estado o que actúan con su consentimiento expreso. El mismo hecho de que apenas en el 2010 la Asamblea General de la ONU haya decretado al 30 de noviembre como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, nos habla de lo complicado que resulta para los Estados aceptar conceptos que le responsabilicen de prácticas violatorias de los derechos humanos.

Así, aún cuando a la fecha el Estado mexicano ha resultado incapaz de ofrecer verdad, justicia o reparación a las víctimas de desapariciones forzadas ocurridas durante la llamada guerra sucia, una nueva dimensión de la desaparición forzada ha cobrado un protagonismo inusitado a raíz de la generalización de la violencia criminal y oficial a lo largo del presente sexenio. Una gran cantidad de personas que no necesariamente tienen vínculos con procesos políticos o criminales, han resultado desaparecidas recientemente en un contexto que públicamente ha sido atribuido al crimen organizado. A pesar de que esta forma de desaparición, en principio, difiere de la definición clásica, su persistencia y gravedad ha llamado la atención incluso del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

El mandato fundamental de este Grupo de Trabajo es “ayudar a los familiares de las personas desaparecidas a averiguar la suerte y el paradero de dichas personas”. En su sitio oficial en el internet, se señala que el Grupo recibe y examina informes sobre desapariciones presentados por familiares de personas afectadas o por organizaciones de derechos humanos que actúan en su nombre. Posteriormente revisa que dichos informes cumplan con algunos criterios básicos tras lo cual el Grupo de Trabajo transmite informaciones de los distintos casos a los gobiernos. Con ello se busca generar presión sobre el Estado para que realice indagaciones y se informen sobre sus resultados.

Uno de los grupos que han realizado un seguimiento más preciso a esta lacerante realidad es Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Coahuila (FUUNDEC). Esta organización ha dado apoyo a familiares de desaparecidos para alcanzar el acceso a la justicia que el Estado les ha negado. Según su documentación del fenómeno entre los años de 2009 y 2011 ha encontrado al menos 217 casos de desapariciones forzadas tan sólo en Coahuila. Esto, nos permite observar la creciente gravedad de un fenómeno que no ha sido abordado adecuadamente por el Estado mexicano y que ha merecido la atención del mencionado Grupo de trabajo de la ONU que, si bien lo atribuye en parte al hecho de que las organizaciones del crimen organizado han extendido sus actividades ilícitas a la trata de personas, los secuestros y la extorsión, también acepta el fondo de la situación.

El Grupo de trabajo señala en el informe de su reciente visita a México que “un elevado número de secuestros y delitos con similitudes a las desapariciones forzadas son cometidos por grupos del crimen organizado. Sin embargo, no todas las personas desaparecidas habrían sido secuestradas por grupos del crimen organizado actuando de forma independiente; por el contrario, la participación del Estado en las desapariciones forzadas también está presente en el país. El Grupo de Trabajo recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevados a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos”. Tras este reconocimiento el Grupo de trabajo expresa su preocupación por la minimización que se hace de estos hechos, expresado en el uso del término “levantones” que además de inexacto, genera revictimización en el entorno de quienes han sufrido un hecho de esta naturaleza.

De esta manera nos encontramos de pronto con que una realidad que ha sido sistemáticamente negada por los actores estatales de los distintos signos políticos en los años recientes, no sólo se aleja cada vez más de la posibilidad de un acceso efectivo a la justicia, sino que de manera vertiginosa se está instalando en nuestro presente. En este sentido la responsabilidad estatal no está presente sólo en los casos que se apegan a la definición clásica del término. La omisión en la impartición de justicia ante una realidad que nos sólo es terriblemente presente para cada uno de las y los familiares de personas que de pronto no aparecen por ninguna parte, sino que agravia a la sociedad entera por la indiferencia oficial y el cobijo de impunidad que otorga a los perpetradores.

Hoy la realidad de la desaparición forzada suma a las dolorosas composiciones de fotos en blanco y negro generalmente recogidas de documentos de identificación, un mosaico de rostros en color impactantemente actuales. Cada uno de esos rostros –los de antes, los de hoy– tienen un nombre y una historia que personas valientes luchan por rescatar del olvido. Este jueves 30 de agosto es un día dedicado a ese ejercicio de memoria. Cualquier aportación es bienvenida… lamentablemente será difícil que sea sufuciente.

http://centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/

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