Analiza ONU persistencia de la tortura en Guerrero, México

Publicado: 28 octubre 2012 de Centro Independiente de Noticias en análisis, DD.HH./Violaciones, denuncias, México, Violaciones a DDHH/militares, violaciones a DDHH/policía
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[México / CDH de la Montaña Tlachinollan]

• Expertos del Comité contra la Tortura revisarán la situación de la tortura en México

• Analizarán expertos la falta de legislación en Guerrero y el caso Ayotzinapa

Tlapa de Comonfort, Guerrero, México a 28 de octubre de 2012.- El próximo 31 de octubre y 1 de noviembre en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su sede de Ginebra, Suiza, se llevará a cabo la revisión de los informes periódicos “Quinto” y “Sexto” del Estado mexicano ante el Comité contra la Tortura (CAT), con arreglo al artículo 19 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En este marco, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” elaboró y entregó un informe sobre la práctica de la tortura en el estado de Guerrero así como información sobre la falta de investigación y persecución penal de la tortura por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la cual fue obtenida a través de solicitudes presentadas al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Esta información se suma a la presentada por diversos organismos civiles para mostrar la grave situación de la tortura en México.

El informe presentado por Tlachinollan incorpora las cuestiones más acuciantes respecto de la situación de la tortura en Guerrero ,una de las entidades federativas más rezagadas en materia de derechos humanos, entre las que destacan: la falta de tipificación del delito en el Código Penal estatal; las deficiencias en la investigación de este delito incluyendo lo relativo a la nula aplicación del Protocolo de Estambul; el rezago en la reforma del sistema de justicia penal; y la subsistencia del fuero militar. Asimismo, presentamos información sobre el llamado caso “Ayotzinapa”, emblemático de las consecuencias en el plano estatal y federal de estas falencias que existen en la documentación e investigación de la tortura.

En este sentido, cabe señalar que una de las reiteradas preocupaciones advertidas por el CAT en sus revisiones sobre México ha sido la falta de tipificación del delito de tortura en el estado de Guerrero. A pesar de la expresa solicitud del Comité, el informe presentado por el Estado mexicano no hace alusión alguna a ello, Ante esta situación, el informe elaborado por Tlachinollan destaca que la tortura continúa sin tipificarse en el estado de Guerrero y adelanta que la sociedad civil guerrerense demandará en breve al Congreso estatal la aprobación de reformas legislativas armónicas con los tratados internacionales.

En lo que se refiere a la investigación de la tortura en el estado de Guerrero, se denunció que ésta es prácticamente inexistente, pues a la ausencia de un marco jurídico adecuado, se suma la falta de capacidades forenses mínimas del ministerio público, incluyendo a peritos y policías. En este sentido, se resaltó que en Guerrero no se han adoptado las directrices del Protocolo de Estambul mediante una reforma legislativa ni a través de un Acuerdo del Procurador General de Justicia del Estado. Asimismo, el Informe destaca que en estados como Guerrero, donde algunas de las autoridades a cargo de la investigación de los delitos pueden estar involucradas en actividades ilícitas, la falta de garantías de seguridad para las víctimas de actos de tortura inhibe la presentación de denuncias, como ha sido constatado en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa.

En lo concerniente a la reforma al sistema de justicia penal en el estado de Guerrero, el informe advierte que ésta presenta un rezago considerable, sin que haya señales de que en el proceso se estén incorporando las específicas necesidades de las personas indígenas frente al sistema de justicia. Igualmente, el reporte menciona que la implementación de dicha reforma se ha centrado hasta ahora en los aspectos procesales dejando de lado la revisión del catálogo de delitos vigente en el estado, lo que permitiría –por ejemplo- avanzar en la tipificación del delito de tortura.

Con respecto al fuero militar, el informe muestra cómo a pesar de las diversas recomendaciones emitidas por mecanismos de derechos humanos, a la fecha no se han llevado a cabo las reformas legales necesarias para acotarlo y que a la fecha el Congreso Federal no ha dado muestras para impulsarlo. Igualmente, el informe detalla que los abusos cometidos por los militares, incluyendo la práctica de tortura, continúan en aumento. Respecto al estado de Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refiere haber recibido 415 quejas y de éstas sólo 5 han concluido en recomendaciones.

En cuanto a la información obtenida del IFAI, ésta demuestra contundentemente las deficiencias de la investigación y sanción de la tortura en México. Esto se ve reflejado en la falta de cifras oficiales de la PGR sobre la aplicación del Dictamen especializado para casos de tortura diseñado por la Institución, supuestamente con base en el Protocolo de Estambul, publicitado en su momento como la herramienta pericial que daría efectividad a la investigación de este grave crimen. Al respecto, la PGR reconoció que si bien sus peritos han aplicado en 302 ocasiones el dictamen médico/psicológico, especializado para casos de posible tortura y/o maltrato, encontrando en 128 casos lesiones posiblemente derivadas de tortura. También ha informado que no existe una sola sentencia condenatoria en contra de algún funcionario por el delito de tortura. Es decir, las propias cifras de la Procuraduría muestran el fracaso de esta herramienta y evidencian la inefectividad de las investigaciones.

En cuanto a la SEDENA, información obtenida a través del IFAI indica que los órganos militares, del 2002 a la fecha, iniciaron 142 averiguaciones previas por el delito de “violencia contra las personas causando tortura” y 821 averiguaciones previas por el delito de “violencia contra las personas causando lesiones”. Sin embargo, a pesar del alto número de averiguaciones previas iniciadas, sólo 6 expedientes fueron consignados ante los juzgados penales por el delito de tortura, y en ninguno de estos casos hubo sanción penal para los responsables.

Finalmente, es importante destacar que para presentar el Informe una representación de Tlachinollan, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, se reunirá directamente con los miembros del Comité para presentar sus máximas preocupaciones por el rezago de la situación de la abolición de la tortura en México, el próximo martes 30 de octubre en Ginebra, Suiza.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
www.tlachinollan.org

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