Militarización en Monterrey

Publicado: 6 noviembre 2012 de Centro Independiente de Noticias en análisis, DD.HH./Violaciones, denuncias, México, Violaciones a DDHH/militares
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[México / CADHAC]

COMUNICADO DE PRENSA

• Colocar mandos militares en estructuras civiles contraviene a nuestro marco jurídico y a las recomendaciones de la ONU.

• La militarización en el municipio de Monterrey podría generar mayor violencia por consecuencia violaciones a derechos humanos.

La reciente designación del Contraalmirante Augusto Cruz Morales de la Marina Armada de México como Secretario de Seguridad Pública Municipal de Monterrey, así como de los 18 marinos que se integrarán al frente de la nueva administración, y al menos 100 marinos involucrados en tareas de seguridad pública, implica una clara militarización estructural, que contraviene claramente a disposiciones constitucionales así como a recomendaciones que la Organización de Naciones Unidas hizo el año pasado en la materia.

Además, nuestra alcaldesa señaló que dicho funcionario, “tendrá bajo su responsabilidad labores de inteligencia y la depuración en los departamentos de seguridad, tránsito y alcoholes, para dejarlos “exentos del crimen organizado”.

Esta afirmación evidentemente, además de ir en contra de disposiciones internacionales, contraviene nuestro marco jurídico. Las funciones que pretende encomendarle la alcaldesa al contralmirante no están contempladas en la ley. Nuestras leyes orgánicas determinan otras atribuciones para la SEMAR (Secretaría de Marina), muy distintas. Ni el artículo dos de la Ley Orgánica de la Armada de México, ni en el artículo treinta de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal contienen las atribuciones que la alcaldesa pretende otorgarles. Incluso, el único supuesto contemplado dentro de las atribuciones, en donde se tiene contacto con la sociedad y autoridades civiles es la de fomentar y participar con las autoridades civiles en actividades socio-culturales y cívicas en aspectos relacionados con el medio marítimo.

Asimismo, en ambas leyes se contempla el supuesto de que por órdenes del Mando Supremo (Presidente de la República), elementos de la SEMAR, podrá coadyuvar con dependencias del gobierno federal o municipales para actuar cuando así lo requiera la situación, y jurídicamente mediando decreto del ejecutivo federal. Se reitera que nunca se habla de ejercer funciones de vigilancia de tránsito, depuración o alcoholes.

Además de acuerdo con la información recibida por el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU (en adelante GTDFI) se dice que:

…las Fuerzas Armadas no se limitan a actuar como apoyo a las autoridades civiles y a aceptar sus órdenes, sino a realizar tareas que corresponden exclusivamente a dichas autoridades civiles. Estas operaciones militarizadas consisten en el despliegue de miles de efectivos militares en las calles de las zonas urbanas, rurales o en puntos estratégicos en las carreteras donde registran casas, individuos y automóviles, en muchos casos sin contar con una orden judicial dictada por una autoridad civil competente…

Cabe señalar que, la estrategia federal y estatal de militarizar las calles no ha resuelto el problema de violencia en torno al desenvolvimiento de las redes de delincuencia organizada, sustentadas en la corrupción e impunidad de las propias instituciones. Prueba de ello es el grave aumento en homicidios en el país en los últimos años, que incluso puede reflejarse en datos proporcionados por el mismo gobierno federal a través de INEGI, quien señaló que en 2011 hubo 27,199 personas ejecutadas, cifra triplicada en relación a la del 2005. A su vez, datos proporcionados por organizaciones sociales estiman más de 60,000 personas ejecutadas en el último sexenio. La estrategia de militarización ha complejizado el problema, favoreciendo la comisión de un número mayor de abusos de autoridad contra la ciudadanía.

El GTDFI señaló en un documento emitido en 2011, después de su visita a nuestro país que “El personal militar está entrenado para enfrentar fuerzas extranjeras enemigas y no para realizar actividades propias de la policía o interactuar con civiles”. En su visita, el grupo de trabajo externó su preocupación por la presencia militar en operativos de diversas ciudades del país, así como por la integración de militares en las estructuras estatales y municipales. Sustento de ello son las 5 mil 176 recomendaciones emitidas en seis años por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por tratos crueles y degradantes a entidades como el Ejército, la Secretaría de Marina.

Lo que vemos ahora, en el municipio de Monterrey, es un nombramiento oficial de un almirante de la Secretaría de Marina en funciones quien ejercerá funciones que no le competen.

La Marina Armada de México, tiene como tarea fundamental “cuidar la soberanía en aguas territoriales, costas, vías navegables, islas y la zona económica exclusiva. Opera el servicio de aeronáutica naval militar, construye y conserva las obras portuarias, ejecuta los trabajos topo hidrográficos de las costas, islas, puertos y vías navegables, además de archivar las cartas marítimas, las estadísticas y toda la información oceanográfica nacional”. De donde claramente podemos desprender una vez más que NO está dentro de sus atribuciones desempeñar funciones de la policía municipal, estatal, ni depuración.

Incluso podemos decir, que este nombramiento hace caso omiso a dos de las recomendaciones preliminares por parte del GTDFI el 31 de marzo de 2011 después de su visita a México:

• Considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública y de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas.

• Establecer protocolos para regular el uso de la fuerza por parte del ejército y todas las corporaciones policiales, conforme a los principios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad y legalidad, como una medida para prevenir las desapariciones forzadas.

En conclusión, con preocupación nos pronunciamos enérgicamente en contra de este nombramiento y de la militarización que se favorece desde las estructuras gubernamentales en todos sus niveles. La delincuencia organizada terminará si se acaba con la corrupción e impunidad en el interior de las dependencias, mas no colocando a un marino al frente de las tareas de seguridad pública, corriéndose el riesgo, de acuerdo a casos documentados en contra
de la marina, de que sea la ciudadanía la más afectada en la vulneración de sus derechos con la definición de estrategias militares en un espacio civil que, de por sí, se encuentra en un estado de grave vulnerabilidad.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.
tp://www.cadhac.org

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